La propuesta de reelección del Auditor Superior del Estado de Chihuahua, Héctor Acosta Félix, se desarrolla en medio de un creciente clima de incertidumbre institucional.
Mientras el Congreso estatal avanza en el proceso para ratificarlo, impulsado por el apoyo de la gobernadora María Eugenia Campos, el funcionario enfrenta investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ambos organismos analizan su actuación en los últimos siete años, periodo marcado por críticas y señalamientos de encubrimiento.
Información disponible confirma que las autoridades federales revisan presuntos actos relacionados con manipulación de expedientes, omisiones en fiscalización y decisiones consideradas irregulares dentro de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Las indagatorias abarcan tanto aspectos administrativos como posibles consecuencias jurídicas, lo que eleva la relevancia del caso en el ámbito político nacional.
El elemento que detonó mayor inquietud fue la controversial “Auditoría Forense a la deuda pública 2021”, impulsada directamente por Acosta Félix. La revisión se centró únicamente en la firma López Elías Finanzas Públicas, S.C., que participó en el refinanciamiento de la deuda estatal en 2019. A pesar de que la empresa ya había sido auditada con anterioridad sin hallazgos relevantes, se ordenó una nueva revisión, generando cuestionamientos sobre la legalidad de repetir análisis sobre los mismos hechos sin justificación técnica.
El cuestionado informe forense se basó en la idea de que la falta de un documento en los archivos de la Secretaría de Hacienda indicaba incumplimiento por parte del proveedor. Expertos calificaron esta premisa como insuficiente e improcedente, señalando que un criterio de esa naturaleza no cumple con estándares técnicos para fundamentar responsabilidades.
Otro aspecto relevante es la presunta invasión de atribuciones federales. El artículo 79 de la Constitución establece que la Auditoría Superior de la Federación es la única facultada para fiscalizar recursos provenientes de Participaciones Federales. Sin embargo, la ASE intervino en ese ámbito, excediendo su marco legal. Aunado a ello, el informe omitió el análisis del Decreto de Autorización aprobado por el Congreso estatal para el refinanciamiento, documento esencial para cualquier evaluación de legalidad.
Las inconsistencias técnicas y las omisiones en el procedimiento llevaron a la apertura de investigaciones por parte de la ASF y la FGR. Pese a ello, el Congreso continúa avanzando hacia la reelección del auditor, decisión que especialistas consideran políticamente imprudente y potencialmente riesgosa para la estabilidad institucional.
Analistas advierten que los legisladores podrían quedar expuestos a consecuencias administrativas y políticas si ratifican a un funcionario bajo revisión federal. Si las investigaciones determinaran irregularidades graves, Acosta Félix podría ser destituido, lo que generaría un conflicto mayor entre los órganos de fiscalización y alimentaría la percepción de falta de independencia en el sistema estatal de control.
Así, el intento de reelección del Auditor Superior ha dejado de ser un proceso interno ordinario para convertirse en un reflejo de la tensión política que atraviesa Chihuahua. La evolución de las investigaciones federales será crucial para definir el futuro del sistema de fiscalización estatal.
