Una crisis silenciosa y profunda se extiende por el tejido empresarial mexicano. No se trata de fluctuaciones del mercado o de impuestos, sino de una amenaza directa que crece en la sombra: la extorsión. Según el más reciente Monitoreo de Percepciones Empresariales de la firma VESTIGA Consultores, la proporción de empresas que reporta haber experimentado intentos de extorsión escaló del 26% en 2024 al 41% en 2026. Un salto alarmante que pinta un panorama desolador para negocios de todos tamaños, pero que golpea con especial crudeza a los más pequeños.

La pesadilla de las PyMEs: pagar o arriesgarse

Los datos desagregados revelan una desigualdad frente al crimen. Mientras que solo el 1% de las grandes empresas reportó haber realizado pagos por extorsión en el último año, esta cifra se dispara al 15% en las empresas pequeñas y al 5% en las medianas. Sergio Díaz, socio director de VESTIGA, explica la razón: “las empresas micro y pequeñas están más expuestas por razones de menor visibilidad y menores capacidades económicas para gestionar su seguridad. Lo están padeciendo más, especialmente en sectores como comercio, construcción y transporte”.

Esta dinámica crea un círculo vicioso donde los negocios más vulnerables, y que son el motor de la economía local, cargan con el peso de un delito que los sofoca. El estudio señala que, en solo dos años, las empresas que terminaron realizando pagos pasaron del 5% al 9%, prácticamente el doble. Una estadística que habla de la efectividad de la presión criminal y de la desesperación de quienes la sufren.

La desconfianza total: el muro contra la denuncia

Quizás el dato más revelador y preocupante es el que refleja la ruptura entre la ciudadanía empresarial y las instituciones. Más de 9 de cada 10 empresas (más del 90%) no denuncian los intentos o actos de extorsión que sufren. Esta proporción, advierte el estudio, no ha mejorado en absoluto en el último bienio.

¿La razón? Una desconfianza abismal en las autoridades. Aproximadamente el 90% de los empresarios encuestados declara tener “desconfianza total o casi total” en que las autoridades mexicanas puedan investigar y sancionar estos delitos. Esta percepción de impunidad y falta de eficacia es el combustible que alimenta la maquinaria de la extorsión, permitiéndole operar con un riesgo mínimo.

Un futuro poco alentador

La perspectiva a futuro no ofrece consuelo. Cerca del 80% de las empresas considera que en los próximos tres años no habrá mejoras significativas en la incidencia de este delito. Esta falta de fe en un cambio cercano configura un escenario de resignación y adaptación forzada a la inseguridad.

Sergio Díaz lanza una advertencia clara: “Cuando se trata de seguridad, de la integridad del negocio, de los activos y, sobre todo, de las vidas de empleados y accionistas, no hay mucho análisis costo-beneficio que valga. Sin mejores condiciones de seguridad, una gran proporción del empresariado no va a seguir tomando riesgos y eso irá en detrimento de la actividad económica”.

El informe de VESTIGa subraya un principio clave en materia de seguridad: la percepción es tan importante como la realidad. Cuando la percepción dominante es de vulnerabilidad e impunidad, el clima para los negocios se enrarece, la inversión se frena y la economía informal puede verse como un refugio. La extorsión ya no es solo un delito puntual; se ha convertido en un impuesto ilegal que distorsiona la competencia, frena el crecimiento y mina la confianza en el Estado de derecho. Una crisis que, aunque silenciosa en los titulares, retumba en cada negocio que decide pagar por miedo, o cerrar por desesperación.