En un movimiento que busca proteger la identidad cultural de los pueblos originarios, la diputada tijuanense Evelyn Sánchez Sánchez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural de Baja California. El objetivo es claro: otorgar protección jurídica a los diseños, bordados y patrones textiles indígenas, cerrando los vacíos legales que hoy permiten su plagio y explotación comercial por parte de empresas nacionales e internacionales.

La legisladora denunció que es una práctica común que marcas reproduzcan y vendan estos símbolos tradicionales sin autorización y, lo más grave, sin que las comunidades creadoras reciban ningún beneficio. Este fenómeno de saqueo cultural no es ajeno al país, con casos documentados en estados como Oaxaca, Yucatán, Puebla e Hidalgo. Ahora, la iniciativa busca que Baja California actúe para evitar que su patrimonio textil corra la misma suerte.

La propuesta plantea incorporar de manera explícita los “diseños textiles indígenas” al catálogo de bienes protegidos por la ley estatal, reconociéndolos como parte del patrimonio cultural. Estos se definirían como todas aquellas creaciones elaboradas con hilos, fibras o técnicas textiles por comunidades indígenas nativas o asentadas en el estado. Esto permitiría al gobierno contar con herramientas legales para su defensa, registro y preservación efectiva.

“Los textiles indígenas no son únicamente piezas artesanales, sino expresiones profundas de identidad, memoria y cosmovisión”, subrayó la diputada Sánchez. Cada color, figura y bordado refleja la historia de un pueblo, su relación con la naturaleza y los conocimientos transmitidos por generaciones. “Proteger los textiles indígenas es también proteger la dignidad cultural y los derechos colectivos de quienes los crean”, expresó.

Un marco legal actualizado para la defensa cultural

La reforma no se limita a la declaración de protección. Busca armonizar la ley de patrimonio con la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, publicada en 2021, actualizando las denominaciones de las dependencias. Entre los cambios clave se contempla que las declaratorias de patrimonio cultural se inscriban en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, dándoles una mayor formalidad y respaldo jurídico.

Además, se fortalecerían las facultades del Instituto de Cultura del Estado para impulsar convenios, estrategias y mecanismos de protección específicos. La iniciativa también actualiza las referencias a instancias como el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y la Fiscalía General del Estado (FGE), garantizando que la legislación responda al marco jurídico vigente y que existan vías para hacerla cumplir.

Con esta acción, Baja California podría colocarse a la vanguardia nacional en la defensa de los derechos culturales y la propiedad intelectual colectiva. De aprobarse, se enviaría un mensaje contundente contra la mercantilización sin consentimiento del patrimonio indígena, fortaleciendo el reconocimiento de las comunidades que habitan en Mexicali, Tijuana y otras regiones de la entidad. Es una batalla legal por la autenticidad, donde la herencia cultural busca dejar de ser un motivo de plagio para ser, definitivamente, un derecho protegido.