Faltan semanas para que el mundo llegue a México. Los hoteles están reservados, las marcas ya invirtieron, los empresarios calcularon su parte: solo para la Ciudad de México, según estimaciones de la Canaco CDMX, se proyecta una derrama de 26,280 millones de pesos, con más de un millón de visitantes y un gasto promedio de 22,500 pesos por turista. El sector privado hizo su tarea. El problema está al otro lado de la ecuación.
El 20 de abril, un hombre armado subió a la Pirámide de la Luna en Teotihuacán y abrió fuego. Murió una turista canadiense. Trece personas resultaron heridas. Las autoridades confirmaron que el ataque fue planeado. Lo que no confirmaron –pero los datos ya venían diciendo– es que el escenario estaba servido: en 2025, el INAH redujo la custodia del sitio de 30 a 24 elementos, en un recinto de más de 260 hectáreas, sin arcos detectores, con miles de visitantes diarios.
“En una frase presidencial, se encapsuló la gravedad de la falta de previsión de riesgos del estado mexicano”, comenta Sergio Díaz, socio director de VESTIGA Consultores. La presidenta de la República, preguntándose cómo pudo un sujeto, armado y con una mochila llena de balas, subir a lo alto de la célebre pirámide sin haber sido detectado y detenido en algún punto, por qué no había control en los accesos, contestó que “porque eso nunca había pasado antes”. Al respecto, Díaz señala: “Eso es una falla que no puede permitirse en instituciones de un Estado, el cual existe, en principio, para proveer seguridad a los ciudadanos. En un lugar como Teotihuacán, al que acuden cerca de 4 mil personas diarias, incluyendo muchos extranjeros, expuesto como objetivo de ataques terroristas o de un psicópata, no es entendible cómo nadie en el gobierno identificó las amenazas potenciales ni evaluó, en consecuencia, su nivel de riesgo”.
Lo que pasó en Teotihuacán no ocurrió en el vacío. El Monitoreo de Percepciones Empresariales de VESTIGA llevaba meses documentando un entorno que se deterioraba sin respuesta institucional. El 90 % de las empresas en México considera que la corrupción ha disminuido poco, nada o incluso ha aumentado bajo la administración actual. El 74 % la siente como un factor que afecta su operación cotidiana. Casi el 80 % tiene escasa o nula confianza en que las cosas mejoren en los próximos tres años. “La corrupción es una variable que se torna en un elemento distorsionador contra la competitividad, calidad y rentabilidad de las empresas y, a la larga, también afecta al conjunto de la economía nacional”, advierte Díaz.
El contraste es brutal: mientras empresarios y marcas globales ya tienen todo listo para recibir a millones de visitantes –con inversiones millonarias en hoteles, logística y promoción–, el Estado mexicano muestra una improvisación que quedó al descubierto con el ataque en Teotihuacán. La falta de protocolos de seguridad, la reducción de personal en zonas arqueológicas clave y la ausencia de una estrategia integral de gestión de riesgos ponen en jaque no solo la integridad de los turistas, sino la credibilidad del país como destino seguro.
Para la comunidad geek, viajera y curiosa que sigue de cerca estos temas en Generación C, la pregunta es inevitable: ¿vale la pena arriesgarse a visitar sitios emblemáticos si el gobierno no garantiza ni lo básico? Mientras el mundo voltea a ver a México, la pelota está del lado de las instituciones. Y por ahora, los datos no mienten: el sector privado ya apostó, pero el gobierno sigue improvisando.
