México ha acelerado la construcción de un nuevo marco de identidad digital. La combinación de nuevas regulaciones para el uso de biometría en la banca, el avance de la primera Ley General de Inteligencia Artificial y proyectos como la CURP Biométrica y Llave MX están sentando las bases de una infraestructura de confianza digital que transformará la forma en que ciudadanos, empresas y gobierno validan identidades en los próximos años, de acuerdo con un análisis de Identy.io.

La firma señaló que estas iniciativas responden al incremento de fraudes impulsados por inteligencia artificial, deepfakes e identidades sintéticas, y que la biometría facial con prueba de vida comienza a consolidarse como uno de los principales mecanismos de autenticación para sectores como banca, telecomunicaciones, salud y servicios públicos.

En los últimos meses, México ha fortalecido su marco regulatorio para proteger la identidad digital mediante tecnologías biométricas. Como parte de estos cambios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) actualizaron las disposiciones para las instituciones financieras, autorizando el uso de reconocimiento facial en operaciones presenciales de mayor riesgo, principalmente para cuentas de niveles 3 y 4. La validación deberá alcanzar al menos un 90% de coincidencia con bases oficiales del INE, la SRE, el SAT u otras dependencias autorizadas. Además, los bancos podrán crear sus propias bases de datos biométricas, exclusivamente para procesos internos de autenticación y bajo supervisión de la CNBV.

Paralelamente, el Senado impulsa una nueva ley general para regular y fomentar el uso de la Inteligencia Artificial, donde busca la utilización de aplicaciones para la manipulación cognitiva de los usuarios mediante IA, cómo se utiliza esta tecnología para tomar decisiones automatizadas (por ejemplo, en la concesión de créditos), o el uso de dobles digitales para la comisión de fraudes mediante robos o suplantaciones de identidad, modificando el artículo 272 Bis de la legislación. Esta nueva normativa, que nace siguiendo el modelo de la legislación europea, clasifica como “infracción gravísima” y tipifica como delito el uso de algoritmos para la manipulación cognitiva, la difusión de deepfakes para extorsión o suplantación de identidad, y regula los sesgos en la toma de decisiones automatizadas en el sector financiero.

Estas medidas se suman a otros esfuerzos del Gobierno de México para avanzar hacia una infraestructura nacional de identidad digital, como la CURP biométrica, Llave MX y el impulso de credenciales digitales en sectores estratégicos como salud, telecomunicaciones y servicios públicos.

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