Si hay algo que nos une a todos en México y en muchos países de habla hispana es la frustración de recibir llamadas no deseadas. Ya sea para ofrecerte un crédito que no solicitaste, una membresía que no necesitas o, peor aún, intentos de estafa, el spam telefónico se ha convertido en un ruido constante en nuestras vidas digitales. Mientras en España el gobierno aprueba una nueva ley para intentar frenar esta práctica por enésima vez, en México y el resto de Latinoamérica nos preguntamos: ¿realmente funcionan estas medidas o solo son parches temporales en un problema que parece no tener fin? La batalla contra las llamadas intrusivas es global, y observar lo que sucede en otros países nos da pistas sobre lo que podría venir para nuestras propias regulaciones.

Recientemente, el Congreso de España aprobó la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que ahora espera el visto bueno del Senado. Esta es la primera ley estatal en ese país que regula específicamente la atención al cliente, poniendo un énfasis especial en prácticas consideradas abusivas, como las renovaciones automáticas sin consentimiento claro y, por supuesto, las llamadas comerciales no solicitadas. Lo curioso, y algo desalentador, es que esta no es la primera vez que España intenta legislar contra el spam telefónico. En 2023 ya se prohibieron las llamadas comerciales sin permiso, pero muchos contratos incluían cláusulas de ‘consentimiento previo’ que prácticamente anulaban la efectividad de la ley. Ahora, la nueva normativa también prohíbe el spam desde números móviles e introduce la obligación para las empresas de implementar códigos específicos que identifiquen el tipo de llamada, una medida que, en teoría, suena más robusta que las anteriores.

Sin embargo, el escepticismo es comprensible. Como bien dice el refrán, ‘hecha la ley, hecha la trampa’. Llevamos años escuchando promesas sobre el fin de las llamadas spam, y sin embargo, el teléfono sigue sonando con ofertas no deseadas. La nueva ley española también aborda por primera vez el tema de las reseñas falsas en línea, estableciendo un límite de 30 días para publicar una reseña después de una compra o servicio y prohibiendo la compraventa de opiniones. Aunque es un avance, la ley no detalla concretamente cómo se combatirá esta práctica, dejando un margen de duda sobre su aplicación real. Además, un problema paralelo y quizás más peligroso, como son las estafas telefónicas puras y duras, a menudo escapa de este tipo de regulaciones comerciales, mostrando los límites de un enfoque legal.

Entonces, ¿qué podemos aprender de esto en México y otros países? La experiencia española nos muestra que legislar es necesario, pero no suficiente por sí solo. Se requiere una combinación de leyes claras, sistemas tecnológicos de filtrado accesibles para los usuarios, educación pública para reconocer y reportar estafas, y una supervisión constante que persiga a quienes violan las normas. La lucha contra el spam telefónico es un recordatorio de que en la era digital, nuestra tranquilidad y seguridad personal son bienes que debemos proteger activamente, tanto desde las instituciones como desde nuestros propios dispositivos. Quizás la próxima gran innovación no esté en una nueva ley, sino en herramientas de inteligencia artificial que puedan bloquear proactivamente estas molestias antes de que suene nuestro teléfono.